28 de septiembre: Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro

Pañuelos verdes: símbolos de la lucha por el derecho al aborto en la Argentina.

El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio nacional la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En base a lo expresado por la Ley, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen derecho a: decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley; requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley; requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley; prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Más allá de las 14 semanas, solo permite el acceso a la práctica si el embarazo es producto de una violación o ante el peligro de la vida y la salud de la persona gestante.

De acuerdo con el Reporte Anual 2025 del proyecto mirar, desarrollado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, se registraron 87.603 abortos en el sistema público de salud en 20 provincias argentinas (el informe no incluye datos de las provincias de Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero, ni de los abortos realizados en hospitales de obras sociales y prepagas). El dato arroja que la tasa de aborto es de 7,45 cada 1000 mujeres en edad fértil, cifra que se mantiene relativamente estable en relación al dato de 2023 (7,49). En lo que respecta a la Provincia de San Luis, el Reporte Anual menciona que se realizaron 1.447 intervenciones durante el año pasado.

A 36 años de la Declaración de San Bernardo que dio origen al Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la Campaña Nacional por el Aborto Legal denunció un "vaciamiento sistemático" de las políticas sexuales y reproductivas. Según la Campaña, ese vaciamiento se evidencia en la desarticulación del Plan ENIA (para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia), el desfinanciamiento de las políticas nacionales de salud sexual y las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos e insumos esenciales a través del Programa Remediar, sumado al recorte de equipos territoriales. Para la organización, esto no es solo un recorte: "El Poder Ejecutivo incumple obligaciones sanitarias vigentes, atenta de forma directa contra los avances de la Ley 27.610 y profundiza la desprotección estatal, especialmente de los sectores más vulnerabilizados". El Reporte Anual estima que "estas decisiones implicaron 840.000 mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales que también podrían haberse evitado". Por otra parte, informaron que apenas 13 provincias informaron que se vieron obligadas a cubrir con fondos propios la compra de insumos para los servicios de aborto frente a la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar su compra. La Provincia de San Luis no se encuentra entre ellas.

Las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino continúan siendo la primera causa de mortalidad de personas gestantes en muchos países de América Latina. Esta situación afecta en particular a los grupos vulnerables, que se ven también atravesados por las políticas de desmantelamiento y desfinanciamiento del actual Gobierno nacional. Ante este escenario, el clamor de los movimientos feministas se vuelve más vigente que nunca: “Ni un paso atrás. Nadie afuera. Nunca menos. Ni una menos. Y Nunca más. Todas nuestras consignas, más vigentes que nunca".