"¡Afuera!": Eliminan la Agencia Nacional de Discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada en el año 2017, tenía como principal función elaborar y gestionar políticas públicas de promoción de los derechos y la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, el gobierno anunció su disolución a fines de 2025, dejando sin su principal ente coordinador a un sector al que pareciera intentar hacer desaparecer.

De esta manera, ANDIS se transforma en una Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, evidenciando la desjerarquización de la temática en la agenda pública del Estado Nacional. Para implementar estos cambios se alegaron excusas como “ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, la existencia de superposición de funciones y competencias, la eliminación del 45,7% de su estructura jerárquica”, entre otras.

Esta medida es regresiva, vulnera derechos y profundiza el ajuste porque, desandando los avances conquistados durante décadas, nuevamente reduce a la discapacidad a una cuestión meramente sanitaria, desconociendo la dimensión social, jurídica, educativa, laboral, habitacional, cultural, comunicacional y comunitaria de la temática. Al momento de analizar esta decisión, debe considerarse el estatus consagrado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Argentina es signataria e incorporó a su ordenamiento jurídico a través de la Ley n°.: 26.378 sancionada en 2008, adquiriendo jerarquía constitucional mediante la Ley n°.: 27.044 de 2014. La decisión tomada por el gobierno nacional resulta aún más grave cuando se toma en consideración que se implementa en un contexto en el que se encuentra vigente la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

No debe perderse de vista que esta medida se toma en el medio de un escándalo mayúsculo relacionado con sobreprecios, droguerías muy beneficiadas y coimas que escalan hasta la misma hermana del Presidente.

La escasa información brindada al respecto, nos deja un interrogante frente a este desatino, y es si no están llevando a cabo esta acción para borrar las huellas de una defraudación millonaria a las personas con discapacidad y al Estado.