Crónica de un nuevo papelón en HCD

En una sesión extraordinaria que debía servir para aclarar a la ciudadanía la situación institucional del Municipio, el oficialismo utilizó la mayoría automática para no discutir y coercionar a la oposición.

La jornada había empezado mal, con una sesión preparatoria convocada fuera de reglamento por el intendente interino, en la que el oficialismo se repartió los cargos de conducción del cuerpo, sin ningún tipo de posibilidad de discusión ni de representación minoritaria. Este punto es crucial, dado que quién se eligiera como Presidente del Concejo, ejerce como intendente interino. Tomemos un segundo para comprender el sinsentido de la situación creada por la desprolijidad del oficialismo. El intendente interino (que se encuentra en esa condición por ser Presidente del Concejo Deliberante) le indica mediante una nota al Concejo Deliberante (en el que no puede intervenir por ser intendente interino y que es en efecto un poder distinto al ejecutivo que en teoría está ejerciendo), que elija sus nuevas autoridades. En los hechos, eso puede significar su remoción como intendente interino, dado que como dijimos el cargo lo ejerce el Presidente del Concejo Deliberante. El pedido del intendente interino Leonardo Rodríguez pone en evidencia una realidad y es que desde la última sesión del año pasado, en la que se juró a los nuevos concejales, las autoridades del cuerpo habían caducado, por lo que la propia continuidad de Rodríguez como intendente interino estaba en entredicho. El propio pedido de Rodríguez de que el cuerpo decida sus nuevas autoridades más de cuatenta días después de lo que debería haber sucedido, no hace más que destacar lo irregular de la situación. Se mocionó una composición de la conducción del cuerpo con Rodríguez como Presidente y, sin dar lugar a la posibilidad de presentar otra moción, y sin representación minoritaria se votó y se aprobó. En una escribanía hubiera llevado más tiempo y sin dudas se hubiera hecho notar lo absurdo de la situación. Las concejalas de la oposición se habían retirado oportunamente cuando no se les permitió siquiera objetar lo irregular de lo ocurrido.

Con posterioridad vino lo peor. Se comenzó a tratar el orden del día de una sesión extraordinaria solicitada por la oposición, en el que se incluía un pedido de informes al intendente interino, aclarando lo actuado en relación con el pedido de licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto y toda la documentación oficial que se haya generado a tal respecto. Sin intercambio alguno, el oficialismo votó por mayoría en contra del pedido y dejó a la ciudadanía sin tener la posibilidad de aclarar con documentos oficiales la situación en la que se encuentra la primera magistratura de nuestra ciudad.

Lo peor llegaría al final. Al tratar el segundo (y último punto) del orden día se dio lectura a la nota N° 005-CD-2026 del intendente interino Rodríguez en la que, a fines de aclarar cualquier duda existente, incluye una nota enviada por el intendente electo Juan Álvarez Pinto del 30 de enero de 2026 en la que a fin de aclarar la situación porque existían distintas interpretaciones se decide a solicitar la continuidad de la licencia en los mismos términos en la que le fuera concedida. En ese momento pidió la palabra la vicepresidenta segunda del cuerpo, María José Álvarez , y en una decisión completamente fuera de reglamento propuso una moción para votar una resolución, que no estaba incorporada en el orden del día, cuyo contenido se se dispuso a leer. Dicha lectura se fue complementando con una serie de amenazas con iniciar acciones legales apenas veladas a los concejales de la oposición y demás acotaciones, por lo que difícilmente hayan podido los ediles sacar en limpio el texto de lo que estaban votando. En esta intervención se introdujo el centro de la interpretación del oficialismo. De acuerdo con la hermana del actual Ministro de Deporte y Cultura, lo central para la interpretación se encuentra en el primer pedido de licencia por seis meses renovable por seis meses más. De acuerdo con la concejala, dicha renovación era automática y este sería el centro de la cuestión. Al enviar a los seis meses un pedido de renovación de licencia, se trataría de una nueva licencia y no la renovación de la anterior. Y dicha renovación se emitió sin un plazo determinado, por lo que Juan Álvarez Pinto seguiría gozando de una licencia sin límite de tiempo o plazo.

Esta interpretación es, desde ya, insólita. Aún cuando la primera licencia (por seis meses renovable por seis meses más) hubiera sido automática, situación que lejos está de ser indubitablemente demostrada, existió una nota del intendente que ejerce de Ministro, en donde pide la renovación de la licencia, no una licencia nueva. En aquel momento los ediles le concedieron la renovación solicitada contemplando que se cumpliría con los seis meses a la que se encontraba circunscripta la licencia original. La mala voluntad en la interpretación tiene que ser manifiesta para entender que la falta de mención del plazo de la licencia es equivalente a una licencia por tiempo indeterminado y no la simple ratificación de lo dispuesto en la primera licencia.

La propuesta de la concejala Álvarez Pinto, concluye con dos perlas que deberían quedar en la antología de la mala práctica legislativa y el desconocimiento de los más básicos principios del derecho administrativo y que la mayoría automática del oficialismo aprobó aún sin analizar el texto. En primer lugar, le concede a su hermano una licencia por tiempo indeterminado mientras continúe en el cargo de Ministro de Turismo y Cultura. Un disparate. No existe la posibilidad de que se concedan licencias por tiempo indeterminado. No está contemplado en ninguna normativa en la materia ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Es ilegal. Tal como está formulado, la licencia se podría extender aún más allá del período constitucional por el que fuera elegido. Si el gobernador Poggi reeligiera o si su sucesor volviera a elegir a Álvarez Pinto para ese cargo, este seguiría de licencia aún cuando no fuera más intendente. Ridículo.

Pero, lo que es más grave, es la segunda definición que incluye la resolución. En ella conmina a las Concejalas Ferraroti y Miranda y al concejal Orué a brindar explicaciones públicas de su accionar al pedir se investigue la situación en la que se encuentran el intendente en licencia y el interino en un plazo de 72 horas hábiles, y si no lo hicieran faculta a la Presidencia del Concejo a denunciarlos penalmente por alterar el orden público. ¿Cuáles son las condiciones en las que podrán trabajar los concejales de la oposición en la representación de sus votantes si son amenazados por sus propios pares por llevar adelante su trabajo?

En definitiva, una nueva jornada de autoritarismo, amedrentamiento a quienes no compartan su opinión y falta de respeto por las mínimas normas de convivencia democrática, en donde el oficialismo impone sus números para clausurar cualquier debate y brindar la más mínima muestra de transparencia.