¿De qué discutimos cuando discutimos de seguridad?

¿Para qué sirven las cárceles?

La niña Emma de 10 años fue atacada en el paraje Los Peros por Diego Domingo Ponce (46) el pasado 20 de enero, hecho que movilizó a la comunidad. Ponce se encontraba en libertad condicional, luego de haber cumplido más de 20 años de una condena por haber cometido un femicidio.

La Jueza Villegas, quien concedió la libertad condicional de Ponce, fue tan sólo la última firmante de una cadena de decisiones que incluyeron al Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario, dependientes del gobierno provincial; al Departamento Criminológico, al Jefe de la Penitenciaria, a la Junta del Concejo Correccional, el Director de la Unidad de condenados, los Auxiliares de policías, los responsables del Área de Inserción Social, diez firmas en total. Se suma, además, su propio abogado que se ofreció a ser su tutor. Ponce había incumplido con la orden de fijar domicilio en Villa Mercedes y no estaba cumpliendo las evaluaciones psicológicas obligatorias impuestas por la libertad condicional.

Baja en la edad de imputabilidad

Por otra parte, Jeremías Monzón, de 15 años, oriundo de Santa Fe, fue asesinado por tres adolescentes, la más grande de 16 años. Este hecho además de bronca y dolor revitalizó el debate sobre la edad en que los adolescentes pueden ser considerados penalmente imputables de sus actos.

El Gobierno Nacional, está impulsado la reforma de Ley Penal Juvenil para bajar a los 12 o 13 años la edad de imputabilidad, así que niños, niñas y adolescentes podrán cumplir prisión efectiva con adultos. El Gobernador Claudio Poggi dijo estar de acuerdo con Milei. Esta posición demuestra coherencia. Recordemos que el año pasado promovió destinar fondos para construir una cárcel para menores en San Luis, pero debido a la presión social, tuvo que retroceder. La tentación del discurso punitivista, que ofrece lo que parece una solución sencilla a problemas complejos, es terreno fértil para la demagogia política.

Rechazos al proyecto

Por su puesto, el mencionado proyecto de ley, encontró diversos rechazos. Una de los que tomó estado público, fue el de Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, (además profesor de derecho penal en la Universidad Nacional de Catamarca y miembro de la mesa nacional de Asociación Pensamiento Penal), quien escribió una carta abierta al Presidente de la Nación. En ella dice: “El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”. “Bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia." “Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional. Es la única política seria de seguridad a largo plazo de una nación democrática. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. Es estar presentes cuando todavía hay algo para salvar”. “Proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra”. “Todos los días veo rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir”. "No le escribo para justificar delitos” ni “para negar el dolor inmenso de las víctimas ni el sufrimiento irreparable de sus familias”, que “merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado”. “En los tribunales no vemos ‘enemigos’. Vemos historias de abandono acumulado. Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo. Y vemos, con enorme preocupación, cómo frente a ese fracaso previo, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor”.

Condiciones de encarcelamiento

Vivimos un récord en privación de la libertad, pero el efecto de estas encarcelaciones genera pocos resultados. De hecho, de acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2024, la tasa de encarcelamiento en nuestro país llegó a 258 encarcelados por cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. Sin embargo, la política de aumento del encarcelamiento no se correspondió con un aumento de la inversión penitenciaria, y el nivel de ocupación llegó al 130, 2% de su capacidad. En Argentina hay 121.443 personas privadas de su libertad, por encima del promedio mundial.

Si bien el punitivismo puede transmitir la sensación de que se resuelve el problema, las condiciones de encarcelamiento ponen en duda la capacidad de la institución "Prisión" para poder reformar la conducta de las personas. Recordemos que la Constitución Nacional, en su artículo 18°, señala que "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas". Hacinamiento, colchones o almohadones al piso, sin ventana, botellas para orinar, hambre, esas son las condiciones en las que viven. El punitivismo "apila" a las personas en esa situación y mágicamente piensa que resolvió el problema. Tan sólo lo empeoró y lo pateó para más adelante. Ya que hablamos de seguridad de los detenidos, recordemos que el próximo 5 de abril de cumplen 6 años del asesinato de Florencia Magali Morales en la comisaria n° 25, un femicidio que involucra a policías y comisario. Aún el Poder Judicial no da respuestas. El cambio de gobierno, no modificó el resultado.

La inversión en “seguridad” es millonaria

El presupuesto nacional 2025 le destinó $6.068.629.000.000 de pesos al Ministerio de Seguridad. En un contexto de austeridad, en la era del "No hay plata", Patricia Bullrich (ex Ministra de Seguridad) se hizo con un un importante presupuesto. La ex ministra sostuvo que en gran parte, ese presupuesto se destinó a la nueva función de la PFA, orientada especialmente a la investigación criminal. Recordemos que su accionar está limitado a los llamados delitos federales, por lo que la seguridad diaria de los ciudadanos se encuentra lejos de su esfera de actuación. No se informó cuánto de ese presupuesto se destino a la prevención de los delitos.

Por su parte, el propio Presidente afirmó que la doctrina de seguridad del Gobierno está basada en tres pilares: 1.“El que las hace las paga”. 2 “El orden público es sagrado”. 3 “Los de azul son los buenos, y los malos son los delincuentes”. Estos simples preceptos, que se dicen con mucha facilidad, se encuentran lejos de verificarse en los hechos. La realidad es que a la cárcel van los pobres. Cuando quienes la hacen son los ricos (y convengamos que no dejan de cometer ilícitos) distan mucho de pagarla. Por el contrario, la misma vicepresidenta Villarruel se encuentra bregando por la libertad de los genocidas. Se ve que el delito de genocidio no es uno que deba ser pagado. La cárcel es el destino de cientos de personas, en su mayoría pobres, con problemas de salud mental o de consumos problemáticos, que en lugar de encierro requieren un tratamiento que el Estado no tiene interés en proveer.

En lo que respecta a la sacralidad del orden público, debemos decir que es mucho más que la contención de la protesta social y poder circular sin que te corten la calle. Tiene que ver con la posibilidad de vivir en paz en comunidad. En este sentido la única política criminal efectiva es la prevención del delito. El poder judicial llega siempre tarde, cuando los daños ya se han cometido. Más privación de la libertad no garantiza una baja en los delitos, simplemente porque la pena no tiene un poder disuasorio o de ejemplaridad. Si esto fuera cierto países como Estados Unidos que tienen penas altísimas, que en algunos casos llegan a la pena de muerte, serían más seguros que el nuestro y esta situación no se verifica en la realidad.

Por el contrario, el gasto en el Ministerio de Seguridad es la triste contracara de la caída de la inversión social en el país. La prevención debe ser una política integral, pero una y otra vez vemos que las familias están desbordadas, con adultos que deben multiplicar las horas de trabajo para poder cubrir sus necesidades, incapaces de poder dedicar su acompañamiento a sus hijos e hijas. Las familias necesitan ayuda. Debemos comprender que la violencia no es un problema individual, sino que es un problema de toda la sociedad. Como reza el apotegma "delincuente no se nace, se hace" y las condiciones están dadas para que la delincuencia sea una opción válida.

Por último, la idea de que los buenos son los que se visten de azul, resulta fuertemente debatible. De acuerdo con lo informado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en el año 2024, 480 personas perdieron la vida a manos de la represión policial en la Argentina. "Los de azul" forman parte de una institución jerárquica que responden a los lineamientos políticos que se le presentan. Si se alienta una política represiva que intenta acallar cualquier voz disidente, los resultados están a la vista. Si además, se producen modificaciones legales para aumentar la discrecionalidad del accionar de los aparatos represivos y las cortes convalidan prácticas delictuales como la llamada "doctrina Chocobar", no debemos sorprendernos de ver más casos como estos. Si suceden casos como el de Pablo Grillo ocurrido a plena luz del día en uno de los espacios públicos más relevantes del país, no queramos saber qué están haciendo "los de azul" en espacios menos observados.

Los debates pendientes

¿Qué modificaciones se necesita del Poder Judicial para cambiar las conductas de femicidas, homicidas, abusadores y violent@s? ¿Es responsabilidad solamente del poder judicial cambiar esta realidad? Porque no pensar el problema desde la raíz: ¿Qué pasa por la cabeza y el corazón de un/a joven de 15 años que mata? ¿Hasta dónde van a bajar la edad de la imputabilidad?¿Realmente creemos que esto va a mejorar algo? ¿Nos están proponiendo matar al que mata? ¿A dónde nos lleva la ley de la selva? La falta de ley sólo hace más poderosos a quienes ya lo son? ¿Tiene sentido hablar de seguridad sin hablar de condiciones de encarcelamiento? Diego Domingo Ponce pasó casi la mitad de su vida encerrado. A los tres meses de su libertad casi se cobra una nueva vida, sin que nadie en apariencia haya podido adivinar que esto podía suceder.

...entonces

Lo que está en juego es el valor de vida, de todas las vidas, por eso: El estado debe estar presente y llegar antes, garantizar educación, trabajo, posibilidad de tener un proyecto a futuro. Nuestras sociedades tienen que castigar el delito, pero debe hacerlo en instituciones que efectivamente cumplan su finalidad. El Estado debe estar después del tránsito por la cárcel y acompañar con más recursos la inserción social. La comunidad debe pensar colectivamente como salir de este estado de situación, porque no hay resarcimiento que alcance para compensar las ausencias, ni cárceles que den respuestas al menosprecio de la vida humana.