Enemigos

Durante la última semana el presidente Javier Milei, tuvo por lo menos dos declaraciones que deberían encender todas las alarmas en nuestra sociedad.

En el auditorio de la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde disertó durante casi una hora y media, el Presidente sorprendió con fuertes declaraciones. De acuerdo con lo recogido por Ámbito Financiero dijo: "Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel". Las declaraciones son particularmente graves, en especial por la pasmosa liviandad con las que fueron proferidas. Más allá de que la autoría sobre los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, lejos está de encontrarse demostrada en sede judicial, el Presidente involucra a la Argentina en una guerra en dónde no están claros los intereses estratégicos de nuestro país en el conflicto. De hecho, ni siquiera está claro cuál es el interés de los propios Estados Unidos. Indigna comprender nuevamente, que el Presidente no tiene a los intereses nacionales entre sus prioridades. Sus coqueteos con Gran Bretaña respecto de Malvinas son una muestra acabada de esto. Sorprende, además, la liviandad con la que se trata el tema, si efectivamente la Cancillería cree que Irán se encuentra detrás de los atentados terroristas de la década de 1990. ¿Se analizaron todas las consecuencias de declararse abiertamente en favor de un bando en un conflicto en el que no tenemos nada por ganar?

Por otra parte, las desafortunadas declaraciones del Presidente, avanzan sobre atribuciones que no le son propias. Si bien el Poder Ejecutivo tiene dentro de sus funciones constitucionales la conducción de las Relaciones Exteriores, la capacidad de declarar la guerra (y por tanto la declaración de quiénes son los enemigos del país) corresponde al Congreso Nacional. De esta manera, el Presidente, con su verborragia característica, arremete nuevamente contra otro poder del Estado y el propio Congreso no pareciera prestarle la menor importancia.

En este contexto, además, en una “entrevista” brindada a Luis Majul el Presidente aseveró: “[Los kirchneristas] no son adversarios, son enemigos, porque son personas capaces de destruir la economía y arruinar a todos los argentinos con tal de tener el poder”. Se trata de declaraciones de inusitada gravedad. Los kirchneristas no son adversarios políticos, situación normal dentro de la democracia, donde grupos pugnan por modelos distintos; son en esta acepción enemigos que buscan destruir la economía y causarle daño a los argentinos. De acuerdo con esta concepción, los kirchneristas (o si se quiere los opositores) en tanto enemigos, quedan fuera del Estado de derecho, que sólo aplica para los ciudadanos, y los posiciona en el estado de excepción donde entran en suspensión la mayoría de las garantías constitucionales. La gravedad de lo dicho es suprema. Si un sector es declarado como enemigo de la patria, aplica lo que prescribe el Art. 21 de la Constitución Nacional: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.”

La Argentina tiene una larga experiencia en la utilización política del concepto de “enemigo de la nación”. Sin ir más lejos, nos encontramos en las vísperas del cincuenta aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en donde el mecanismo de designar a un sector de la población como enemigo de la nación, se utilizó para implementar un plan económico muy parecido al actual a sangre y fuego. La figura del “delincuente subversivo” se convirtió en una etiqueta que justificaba su eliminación física. Eugenio Zaffaroni señala: “El poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y les deparó un trato punitivo que no correspondía a la condición de personas, dado que sólo los consideraba como entes peligrosos o dañinos. Se trata de seres humanos a los que se señala como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del derecho penal liberal, esto es, de las garantías que hoy establece -universal y regionalmente- el derecho internacional de los Derechos Humanos.”

A nivel local, esta lógica se ve replicada por el oficialismo. Si bien el Intendente en uso de licencia y Ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto no utilizó el término enemigos en sus alocuciones, sin duda hizo mucho por posicionar a sectores de la sociedad merlina en esa situación. Son recordadas sus declaraciones de que los “ambientalistas” fracasaron en su vida privada y pública” y señaló que muchos de ellos “le causaron mucho daño a Merlo” ¿Qué destino le corresponde a aquellos que le hacen daño a Merlo?¿Qué se debe hacer con aquellos que deliberadamente atentan contra el pueblo merlino? No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta. El intendente es ejercicio del cargo Leonardo Rodríguez, mantiene un tenor discursivo parecido al de su antecesor. En el cierre de la Audiencia Pública de la semana pasada dijo: “La discusión no se puede quedar atada a mezquindades de algunos trasnochados que quieren llevar adelante ese debate para cualquier lado”. ¿Qué finalidad tienen esos insultos y descalificaciones? ¿Ayudan a la convivencia democrática?

Estas prácticas ya han sido denunciadas incluso en instancias nacionales, sin embargo, el ejecutivo local no da muestras de que la obligación de recrear un debate público en el que sea posible el ejercicio democrático. El mismo reclamo le cabe al Ejecutivo nacional. Todavía estamos a tiempo de mejorar la convivencia democrática.