La sesión verde de la vergüenza

Desde hace años se realiza cada 5 de junio, el día mundial del medio ambiente, una sesión especial en el Concejo Deliberante de la Villa de Merlo destinado a tratar temas relacionados con el ambiente, a la que se conoce como sesión verde.

El orden del día de la sesión daba cuenta de la presentación de 14 proyectos para la discusión por parte de los ediles, una muestra de la importancia que la ciudadanía concedió a la sesión de este año. La sesión verde comenzó con la exposición del Secretario de Ambiente y Producción del Municipio, al que siguió en el uso de la palabra el Ministro de Turismo de la Provincia, e Intendente en uso de licencia, quién pese a desempeñarse en los mencionados cargos, se presentó como vecino. La disonancia entre su forma de presentarse y los cargos que detenta, se hizo aún más violenta a medida que resultaba evidente que su intervención se hacía en virtud de su condición de funcionario.

Las intervenciones de estos funcionarios se extendieron durante una hora y media, en clara violación de lo establecido por el propio Concejo Deliberante para la sesión verde, de que las intervenciones no podían superar los 15 minutos, de acuerdo con lo mencionado por la presidenta Patricia Morandé. Esta violación de acuerdos básicos y mínimos implica una ventana a la que asomarse a la concepción del Ministro que ni aun cuando elige presentarse desde el llano como un ciudadano más, no puede evitar hacer uso de todos los privilegios que le puede asegurar su condición de funcionario, en detrimento del tiempo y el derecho a expresarse de la gente de a pie.

Pero, avanzando sobre el contenido de sus intervenciones, Francisco Leiva, Secretario de Ambiente, presentó tres propuestas; una de ellas consistente en la creación de una reserva natural cuya magnitud y condiciones no quedaron del todo esclarecidas. Por su parte, Juan Álvarez Pinto utilizó su tiempo para describir la cantidad de tomas de gas natural y la cantidad de tomas de agua del predio de un particular, utilizando un espacio de participación ciudadana para perpetuar una disputa personal contra alguien que no detenta cargos públicos. El hecho, por demás vergonzoso, tuvo el agravante de que reconoció en su intervención que NO ENCONTRO NINGÚN DELITO.

Pero más allá de lo confuso de su intervención en esta materia, quedó en evidencia la vocación del Intendente en uso de licencia, de utilizar, mediante una interpretación absolutamente caprichosa, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la familia Mercau, para avanzar sobre la normativa vigente y aprobar loteos en zonas identificadas como «T4» en donde se encuentra prohibidas estas actividades. 

Cuando finalmente concluyó la intervención del Ministro provincial y cedió el uso de la palabra, varias organizaciones con presencia territorial, entre ellas Juvennat, la Multisectorial del Noreste de San Luis, la Asamblea por el Agua, la Cooperativa Mujeres del Pantanillo, entre otras, quienes rechazaron la utilización de la sesión verde para hostigar a un referente ambientalista, justamente en este ámbito.

Las intervenciones de las organizaciones se centraron en las siguientes temáticas:

• Se propuso homenajear a Eduardo Lacreu, reconociendo su trayectoria en la defensa del ambiente.

• Se pidió inclusión de la participación ciudadana en los procesos de planificación estratégica que conduzca el Municipio de la Villa de Merlo, incorporando una mirada que ponga el centro las futuras generaciones.

• Se demandó el cumplimiento de la Ley N° 26.061 «Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes», en particular su Art. 21° que garantiza el derecho al ambiente sano para niñas, niños y adolescente.

• Se pidió a los y las funcionarios que actúen con arreglo a normas éticas básicas.

• Se pidió el cumplimiento de la Ley N° 27.592, «Ley Yolanda», que establece la obligatoriedad de la realización de capacitación en temas ambientales para las y los funcionarios públicos.

• Se pidió la adhesión del Municipio de Villa de Merlo al Acuerdo de Escazú, firmado en el marco de las Naciones Unidas en 2018 y ratificado por nuestro país a partir de la Ley N° 27.566, que establece el derecho de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, y fundamentalmente se otorga protecciones para los militantes ambientales.

Un empresario inmobiliario; Trento, expuso sobre un proyecto «de urbanización del futuro» en Villa Larca. El mismo manifestó no estar de acuerdo con la multiplicación de loteos, y propuso «hacer urbanizaciones», y dejó planteada la posibilidad de «resolver el tema del agua cada uno por su cuenta o armando propias cooperativas».

Por su parte, un representante del Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Provincia de San Luis planteó un proyecto para regular el traslados de mascotas, mientras que la vecina Liliana Murga volvió a pedir que se cree una reserva ambiental municipal en el predio del donde funcionaba el vertedero.

Por su parte, los Concejales de la oposición, Ferraroti, Fonseca, Morales y Orué plantearon la incorporación dos proyectos de ordenanza. El primero de acceso a la información catastral y el segundo, la prohibición de desarrollo inmobiliarios en terrenos desmontados. Por su parte el bloque de la UCR- Avanzar, solicitó la adhesión de los niños y niñas de cuarto grado de los colegios y escuelas de la ciudad a la promesa de ciudadano ambiental, y la incorporación de la figura de reconocimiento y distinciones municipales.

Sin lugar a dudas, la presencia de tantos vecinos y vecinas y de organizaciones con mucha trayectoria, dejó de manifiesto la tensión entre el proyecto del oficialismo municipal, en sintonía con los intereses de privados y la mirada de las organizaciones que siguen planteando la necesidad de planificar el territorio en base a los recursos disponibles, con acceso al agua para todas las personas.