Mientras no prestamos atención

En consonancia con la estrategia que explicitó en el comienzo de su mandato Javier Milei, el gobierno nacional aprovecha la distensión política causada por las vacaciones de verano para impulsar una agenda electoral de quita derechos. En aquella oportunidad sostuvo que había que aprovechar las vacaciones “para que la gente no se entere tanto”. Siguiendo esta cínica máxima, durante este mes de febrero se tratarán en el Congreso Nacional dos leyes de vital importancia para la ciudadanía: la modificación de la Ley de Glaciares y una Reforma Laboral de cuño claramente regresivo.

Recordemos que la llamada “Ley de Glaciares”, sancionada en el año 2010, incluía la prohibición de toda actividad minera o industrial en los propios glaciares, entendidos como “toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior”, y en los espacios periglaciales, que incluyen “en alta montaña, comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua”. El proyecto, que ya cuenta con dictamen para su tratamiento en el Senado Nacional, fue solicitado por los gobernadores de la llamada “Mesa del Cobre”; (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy) y propone levantar la prohibición de desarrollo minero sobre las áreas periglaciales y quitar las protecciones a los glaciares de menos de una hectárea de superficie.

Los glaciares dan cuenta de un porcentaje significativo de reserva de agua dulce en el mundo y, en particular en nuestro país. De acuerdo con el primer informe del Inventario Nacional de Glaciares hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie, se encuentra cercana a los 8.484 KM² que se podrían encontrar en riesgo de ser explotados.

Recordemos que la minería es una actividad intensiva en el uso de agua y que utiliza para su funcionamiento químicos altamente contaminantes. Los glaciares son fundamentales en la preservación de un recurso estratégico y si llegaran a contaminarse el daño sería irreversible. De esa agua dulce dependen no sólo el consumo de agua potable de millones de argentinos, sino también la propia existencia de las otras industrias productivas de esas provincia (agricultura, vitivinicultura, ganadería, turismo) tal como advirtieron un grupo de organizaciones de la sociedad civil en el documento “Sin Agua No hay Desarrollo Posible” .

Por otra parte, y de manera conjunta, el gobierno nacional también promueve la aprobación de una Reforma Laboral que promueve alterar la relación entre los patrones y los empleados, avanzando sobre los derechos de los trabajadores.

El listado de retrocesos para los trabajadores es amplio. En un primer lugar se promueve la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que le permite a los empleadores aportar el 3% del salario a una cuenta de inversión remunerada que servirá para pagar futuras indemnizaciones por despidos sin causa. Estos fondos podrán ser descontados de los aportes patronales, es decir de los fondos previsionales, por lo que son los jubilados (trabajadores pasivos) los que terminarán financiando el despido de los trabajadores activos. De esta manera se crean incentivos para que los empleadores despidan trabajadores con años de experiencia, reduciendo sus costos laborales.

En materia de vacaciones, el proyecto permite fraccionar las vacaciones por un mínimo de 7 días, debiendo empleadores y trabajadores decidir en qué momento pueden tomarse los correspondientes días de descanso. Las perspectivas de que los trabajadores puedan negociar en pie de igualdad con sus empleadores son tan bajas, que el propio proyecto obliga a que las vacaciones deban tomarse en verano por lo menos una vez cada tres años. Considerando que el receso escolar ocurre durante el verano, Se acabaron las perspectivas de tener vacaciones familiares.

La iniciativa posibilita la creación de un banco de horas, que habilita que las horas extra trabajadas se acumulen como un saldo positivo para ser compensadas días libres o jornadas laborales reducidas en algún momento decidido entre patrón y empleado. Si bien los bancos de horas no son obligatorios, esta decisión tendrá un impacto muy fuerte en los ingresos de los trabajadores, dado que virtualmente eliminan el pago de horas extra. Por último, los empleadores y los trabajadores podrán negociar “libremente” la posibilidad de extender las jornadas laborales hasta alcanzar las 12 horas.

Por otra parte, el proyecto avanza contra el derecho de huelga. El proyecto enumera una serie de “servicios esenciales” que no pueden brindar una prestación menor al 75% de su funcionamiento normal. La ley actual sólo considera esenciales a la salud, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. El proyecto incorpora las telecomunicaciones; la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario; los servicios aduaneros y migratorios; y la educación en todos sus niveles (salvo universitario). Por otro lado, crea una categoría de “servicios de importancia trascendental”. Estos servicios no pueden brindar una prestación menor al 50% de su funcionamiento normal y el listado es mucho más amplio: la industria de medicamentos, el transporte de pasajeros y mercadería, la radio y televisión, industrias como siderurgia, aluminio, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos, minería, frigoríficos, correos, agro, bancos, hotelería, gastronomía, comercio electrónico, entre otros. De esta manera, virtualmente se termina con el derecho de huelga.

Pero esta quita de derechos no termina ahí. Se incluye que las asambleas de trabajadores no podrán afectar el funcionamiento de las jornadas laborales, deberán contar con la autorización de los patrones y los trabajadores se les descontará el tiempo no trabajado. Se establecen infracciones “muy graves” entre las que incluyen bloqueos o tomas de lugares de trabajo y afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran al paro.

Por último, se propone poner fin a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. En la actualidad los convenios continúan vigentes hasta tanto no se firme un nuevo convenio que lo reforme. En la nueva legislación propuesta, los convenios perderán vigencia una vez cumplido su plazo. De esta manera, se invierte la relación de fuerzas: antes la imposibilidad de alcanzar nuevos convenios consensuados favorecía la estabilidad de los derechos de los trabajadores; la nueva redacción favorece a los empleadores porque los derechos laborales vuelven automáticamente a cero. Por último, a diferencia de la situación actual, los convenios por empresa (en donde los trabajadores tienen menos capacidad de representación) tendrán preeminencia sobre los convenios colectivos por rama de actividad.

De esta manera, durante el mes de febrero, se votarán dos cuestiones que resultan de vital importancia para nuestra vida en sociedad. Y en lugar de votarlos en un marco que promueva la participación ciudadana y la discusión pública, se sacan por apuro y en un momento en que gran parte de la sociedad se encuentra disfrutando de un merecido descanso. Si la ley se aprobará tal vez sea el último año en que los políticos puedan hacer esto; tal vez no exista más el derecho a tomarse ese descanso.