No aclares que oscureces

La crisis institucional en la Villa de Merlo sumó un nuevo capítulo. Las concejalas Lucía Miranda y Ana Laura Ferraroti, junto al concejal Daniel Orué, impugnaron formalmente la convocatoria a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante al advertir “graves irregularidades reglamentarias, falta de transparencia y actos que vulneran la división de poderes”, según consta en la nota presentada ante la presidencia del cuerpo

De acuerdo a la nota presentada formalmente hoy a la Presidenta del Concejo Deliberante de la Villa de Merlo Mg. Patricia Morandé, las y el mencionado concejal expusieron que la convocatoria “no cumple con los requisitos mínimos establecidos por el Reglamento Interno”. En particular, señalaron que “no se respeta el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, no se consigna con claridad el horario de la sesión y la notificación fue realizada de manera deficiente”, lo que constituye “un vicio sustancial que invalida el acto”.

A estas irregularidades se suma, según el escrito, “una falta absoluta de transparencia respecto del contenido de la sesión”. El orden del día “no adjunta expediente alguno ni información clara sobre los asuntos a tratar”, especialmente en relación con la solicitud de tratamiento de una nueva licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto, elevada por el intendente interino Leonardo Rodríguez.

Las concejalas Miranda, Ferrarotti y el concejal Orué recordaron que ambos funcionarios “han sido denunciados oportunamente por incumplimiento de deberes de funcionario público y por usurpación de títulos y honores”, respectivamente. Además advirtieron que esta situación “impide a las Concejalías ejercer su función con la información necesaria y vulnera principios básicos de acceso a la información pública”.

Otro de los puntos de la impugnación es la inclusión de una supuesta “sesión preparatoria”. La nota es categórica al señalar que “las sesiones preparatorias son convocadas por el propio Concejo Deliberante”, que “no pueden ser convocadas por el Departamento Ejecutivo” y que “no pueden mezclarse tipos de sesión, ya que el reglamento los define como excluyentes”. En ese marco, sostienen que “no existe la figura de una sesión con doble carácter”. Así, advirtieron que “un Intendente interino que no cuenta con instrumento legal alguno que acredite su legitimación pretende convocar al Concejo Deliberante”, lo que “configura un conflicto de poderes inadmisible en el marco del sistema democrático”.

Además, señalaron que el planteo se da en “un contexto institucional delicado”, ya que el Concejo Deliberante “aún no ha resuelto la designación de sus autoridades conforme a la normativa vigente”, lo que exige “mayor responsabilidad y apego estricto a los procedimientos”.

Finalmente, solicitaron “que se deje sin efecto esta convocatoria irregular” y que, considerando “el interés público y la urgente de la gravedad institucional”, se convoque a una sesión extraordinaria válida para el viernes 6 de febrero a las 10:00 horas, con notificación fehaciente, especificación de los asuntos a tratar y documentación respaldatoria.

Lo ocurrido con la convocatoria a la sesión extraordinaria no puede leerse de manera aislada. Al igual que el llamado a la Audiencia Pública sobre la planificación territorial, vuelve a aparecer una misma preocupación de fondo: la legalidad de los actos institucionales en un contexto de conducción cuestionada.

No deja de ser llamativo que en el marco de una crisis institucional causada por la falta de apego del Ejecutivo Municipal por el cumplimiento de las normas, la convocatoria a la sesión extraordinaria pensada para aclarar la situación se haga sin ningún respeto por lo dispuesto por la normativa.

Cuando los procedimientos no se ajustan a las normas vigentes, no solo se debilita el funcionamiento del Concejo Deliberante, sino también el derecho de la comunidad a participar, informarse y confiar en las decisiones públicas.