¿Por qué se marcha?

Imágenes de la última marcha universitaria. Foto: Chequeado.

Este martes 12 de mayo, en todo el país, las Universidades Nacionales llamaron a su Cuarta Marcha Federal por el financiamiento universitario. Pero puntualmente ¿por qué se marcha?

A diferencia de las marchas anteriores, que buscaban que el gobierno aumente el presupuesto universitario o para revertir el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), en esta oportunidad se marcha para que se cumpla la Ley. Por increíble que parezca.

¿Qué plantea la Ley de Financiamiento Universitario? Busca garantizar el sostenimiento presupuestario de las universidades nacionales, declarando la emergencia universitaria para garantizar los gastos de funcionamiento, el aumento salarial de docentes y personal nodocente, el incremento de las becas estudiantiles y de los fondos destinados a actividades de investigación y extensión universitaria.

¿Por qué el gobierno se niega a aplicar la LFU? Básicamente, el gobierno sostiene que al no incluir el texto de la Ley la especificación sobre cuáles serán las fuentes de financiamiento, elige no aplicarla. El argumento es falaz; constantemente el Jefe de Gabinete, Adorni, ajusta y readecúa partidas para hacer frente a distintas erogaciones. De hecho, la Ley de baja de edad de imputabilidad dispone de erogaciones sin indicarle al Ejecutivo de dónde conseguir los fondos. No es que no haya plata, no hay voluntad política de financiarlo.

El presidente Javier Milei y los responsables de la política Universitaria, la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el Subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez. Foto La letra P.

¿Puede el Gobierno Nacional negarse a aplicar una ley? Claramente no. El Poder Ejecutivo, como su nombre lo indica, es el encargado de ejecutar o implementar, las leyes que el Poder Legislativo aprueba. Esa es la base de la separación de poderes que sustenta la existencia de una República. Pero más allá de las disquisiciones teóricas, al igual que cuando un ciudadano o ciudadana no cumple con lo ordenado por la Ley, cuando el Gobierno lo hace comete un delito, y en este caso, el Jefe de Gabinete de Ministros (encargado de la administración nacional) es personalmente responsable por el delito cometido. Una causa más para Manuel Adorni.

¿La aplicación de la Ley provocaría la quiebra de Estado? No, de ninguna manera. La implementación de la Ley implicaría el 0,32% del PBI. De hecho, el monto es inferior a lo que el Gobierno dejó de percibir al recortar el impuesto a bienes personales. El gobierno sostiene que el incumplimiento de la Ley es clave para sostener el llamado “superávit fiscal”, pero la realidad es que si la estabilidad fiscal depende de que le roben el financiamiento a las universidades, a los discapacitados, a los jubilados y a las Provincias, difícilmente se pueda hablar un equilibrio fiscal virtuoso o sustentable.

¿Es lo único que el Gobierno incumple? No, el Gobierno no está ejecutando el presupuesto de 2026 y no gira los fondos comprometidos para las universidades. El corriente, es el primer año del gobierno de Milei en que cuenta con un presupuesto. Un presupuesto muy alejado de lo requerido por las universidades, pero que otorgaba al menos un mínimo de previsibilidad. Sin embargo, Milei se sigue manejando con total arbitrariedad, como viene aconteciendo en años anteriores. Esta arbitrariedad en el manejo de los fondos es una muestra más de la mentira de no poder disponer de dinero para pagar la LFU.

¿Sólo la Universidad está afectada por los recortes? No, la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto Nacional (FCyT) cayó 7,2% en los primeros cuatro meses del año y alcanzará una pérdida del 47,7% desde 2023. La información surge del último informe de presupuesto elaborado por el Grupo EPC-CIICTI, que explica que la principal fuente de financiamiento de la ciencia argentina proyecta para 2026 una pérdida del 10,4%, tras haber caído 16,4% en 2025 y 30,2% en 2024. Por otra parte, algunos organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como por ejemplo el INTI, han sufrido recortes y despidos que prácticamente lo han condenado al cierre.

¿Es una protesta únicamente salarial? No, el recorte alcanzó con particular gravedad a las becas universitarias. La principal ayuda del Gobierno Nacional a los y las estudiantes, la Beca Progresar, está congelada en 35 mil pesos desde hace dos años y medio. Eso hace que por ejemplo, en el Valle del Conlara no cubra ni medio mes de boletos estudiantiles, lo que hace que después del día 15 del mes las aulas se vacíen. Otras becas, como la Sarmiento, para promover el estudio de carreras estratégicas, también se encuentran congeladas y licuadas, lo que resulta un desincentivo, justamente para las carreras que son vitales para el desarrollo del país. Además de las becas, los recortes alcanzan a los fondos destinados a los gastos de funcionamiento y de mantenimiento edilicio de los edificios, que se encuentran en una situación de deterioro constante.

Estas son tan sólo algunas de las razones por las que marchamos.