Primera Audiencia Popular "Por una Planificación Territorial con participación Ciudadana"

El pasado jueves 10 de diciembre, una fecha de radical importancia y simbolismo, por celebrarse un nuevo día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario 42 del retorno a la democracia, diversas organizaciones de la sociedad se dieron cita en la plaza Sobremonte de la Villa de Merlo, para llevar adelante la 1er Audiencia Popular “Por una Planificación Territorial con participación Ciudadana".

La fecha, verdaderamente histórica, sirvió para que los vecinos pudieran discutir entre ellos qué idea de ciudad necesitan y quieren, más allá de las presiones de los grupos inmobiliarios que resultan hoy los únicos escuchados a la hora de planificar la ciudad. Tomaron la palabra 29 representantes de diversas organizaciones de la ciudad que reiteraron la necesidad de que sus voces sean escuchadas.

Recordemos que esta convocatoria tuvosu origen en la decisión del oficialismo municipal de aprobar sin ningún tipo de discusión con la oposición o la ciudadanía de una modificación de la Ordenanza 917/2025 que elimina la participación popular de las instancias de evaluación de impacto ambiental y la reemplazó por un organismo conformado por funcionarios municipales. Frente a los reclamos de las organizaciones ambientalistas sobre la inconstitucionalidad de la medida por ir en contra de lo dispuestos por normas de mayor jerarquía, opinión que fue compartida por el Defensor del Pueblo, distintos vecinos pidieron acceso a la banca ciudadana del Consejo Deliberante para pedir la derogación o cambios a la normativa. El oficialismo, con su mayoría automática, no sólo se negó a atender lo solicitado por los vecinos, sino que confirmó el texto de la ordenanza sin escuchar los argumentos reunidos en su contra. Para sumar insulto al agravio, el poder ejecutivo incluyó en el Decreto Reglamentario de la Ordenanza una supuesta instancia de participación popular que claramente no se encontraba en el texto original. Esto se trata de un claro abuso de autoridad pasando por encima de las facultades del Legislativo de determinar el contenido de sus ordenanzas. Frente a este panorama en donde el poder ejecutivo se niega a escuchar al pueblo, se decidió convocar a esta asamblea pública en la plaza central para que el Ejecutivo no pueda seguir manejándose de espaldas al pueblo.

Las organizaciones, instituciones y vecino/as la comunidad, se expresaron de manera contundente sobre la necesidad de una Planificación Territorial que tenga en cuenta la mirada de la ciudadanía. Las 29 exposiciones se centraron en una mirada de la planificación territorial teniendo en cuenta una serie de ejes: el agua, la mirada de género, la participación ciudadana, la educación ambiental, la gestión de residuos y ambiente, el turismo, la producción de alimentos, la construcción y hábitat, el acceso a servicios, y el trabajo.

Por la Cooperativa de Agua de Merlo, participó su Presidenta, María Belén Gurruchaga quien destacó la necesidad de reformar la Ordenanza n° 927, se centró en el hecho de que el agua es el principal limitante del desarrollo de la ciudad por lo que se debe ser extremadamente cuidadosos en su gestión y expresó “Nos preocupa especialmente la sobreexplotación del agua y el tratamiento de los efluentes. (…) Creemos en un crecimiento sostenido y sostenible, basado en una buena planificación, información técnica y participación social.”

Por su parte, Lucas Frere expuso por la Asamblea por el agua del nordeste de San Luis, hizo referencia a la importancia de la mirada socioambiental a la hora de pensar qué y cómo consumimos, y de vincular esta perspectiva con la justicia ambiental. El agua es el principal recurso en disputa y el límite ante el avance del extractivismo. Desde hace años se solicitan audiencias públicas que son denegadas por el gobierno municipal, con el fin de pensar una planificación territorial participativa. En su exposición señaló “Vemos dos desafíos para la sustentabilidad de la zona: el avance inmobiliario y el gran consumo de agua de los sistemas de riego por pivot.( CRESUD).Si no planifica el estado con participación del pueblo, planifica el mercado en beneficio propio.”

Participaron también, integrantes de Asamblea socioambiental “Yo amo a mis Sierras”, San Francisco del Monte de Oro señalaron la importancia de denunciar el accionar del gobierno municipal ante la negación de la participación ciudadana; y la imperiosa necesidad de estar organizados para que todas las voces sean escuchadas. Advierten sobre la presencia de un esquema autoritario, represivo y negador de derechos frente al cual, las asambleas socioambientales se encuentran en estado de alerta y movilización.

Por su parte, Denia Sánchez, de la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo, señaló la necesidad de incorporar una mirada de género a la planificación urbana. Afirmó que quienes gobiernan no tienen en consideración a todos los barrios por igual, esto se ve a través de factores como la provisión de agua, la recolección de basura, las características de los espacios verdes, el acceso al transporte, a la seguridad, a las escuelas, etc. “La planificación territorial debería tener una perspectiva de género”. Al presente, el 67% de las personas inscriptas para acceder a viviendas sociales son mujeres a cargo de familias monoparentales y de los cuidados, lo que da cuenta de su dificultad de acceso a la vivienda. Concluyó que “La inseguridad no se resuelve con más policías, más control. una ciudad segura es una ciudad no patriarcal”. “Presentamos al Concejo Deliberante dos proyectos “Casas para nosotras, refugios para ellos” y “ Cuidar es trabajo”. Solicitamos que se tengan en cuenta”.

Mabel Turtela, representante de jubiladxs y personas con discapacidad de la Multisectorial del Noreste de San Luis, hizo referencia a la importancia de estos espacios de encuentro para hacer frente a la apatía generalizada; y a la necesidad de que los representantes cuyos sueldos pagamos escuchen al pueblo. Es gracias a la participación ciudadana que recuperamos nuestra democracia, por tanto, hay que resistir e insistir. “Estamos en esta plaza como estamos todos los miércoles l@s jubilad@s y personas con discapacidad. Hay que continuar poniendo el cuerpo y sobre todo la cabeza,”

Fernando Rodríguez de la Agrupación Juvennat, expresó la importancia que ha tenido la participación ciudadana para el logro de numerosas acciones. “Gracias a la participación se prohibió la mega minería en estas sierras, se creó la Dirección de Medio ambiente, toda la ordenanza ambiental tiene una base de participación de Juvennat” Pidieron la suspensión de la Ordenanza 927 y la inclusión del tratamiento participativo que ha sido la clave del éxito de la localidad.

Por su parte, Alejandro Insaurralde de Aguitur Merlo (Asociación de guías de turismo de Merlo) destacó la preocupación de los trabajadores del turismo sobre los ordenamientos que puedan comprometer el encanto turístico de Merlo. “No estamos en contra del progreso, del ordenamiento, ni del crecimiento pero este debe ser sostenible y sustentable a través de reglas claras.” “Nosotros, quienes estamos todos los días con los turistas, somos quienes vemos cómo funcionan o no las regulaciones en la práctica. Pedimos que la Ord. 927/25 sea revisada, corregida o incluso derogada, no desde el enojo, sino desde la responsabilidad”. Señaló que la ciudad ya ha tenido antecedentes de mala gestión de los recursos hídricos que dejó a la ciudad sin agua y llevó a tener que suspender reservar y devolver dinero a los turistas.

Mabel Turtela compartió un documento elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en el que manifiestan su apoyo y solidaridad con los vecinos y organizaciones que se reúnen en el día de la fecha. Estos espacios de participación y debate permiten reflexionar sobre las políticas públicas que afectan la vida de todos los ciudadanos. En tal sentido, recuerdan los principios del Acuerdo de Escazú, que establece el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia; como así también la obligación del Estado de defender a quienes protegen los derechos humanos y ambientales. Finalmente, Cecilia González, de la Mesa Directiva, invita al Municipio a garantizar el cumplimiento de la normativa.

Dana Mahl, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de los Comechingones, expuso un recorte del documento que se presentó oportunamente en la Banca Ciudadana, dando cuenta de las modificaciones a la Ordenanza 917 de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y del debilitamiento de los principios de prevención, transparencia y participación establecidos por la Constitución Nacional y las leyes ambientales vigentes que plantea. La Ordenanza advierte, pone en riesgo el derecho a un ambiente sano. Sostuvo que “La participación debe ser un proceso continuo, desde la planificación del proyecto, hasta su ejecución y monitoreo. (…) Debilitar la Evaluación de Impacto ambiental no agiliza el desarrollo, externatiliza los daños, incrementa los conflictos y expone al Municipio a responsabilidades futuras. La participación ciudadana es un derecho sustantivo. No es un trámite accesorio”.

Amigxs de Merlo, a través de su Presidente Alejandro Godoy y de Belén Hillar sostuvieron la necesidad de que cualquier futuro planeamiento territorial no puede hacerse sin tener en cuenta el lugar de la cultura en la vida de los pueblos. “Es necesario tener en cuenta el lugar de trabajo para l@s artistas locales, como es la plaza, las calles. Creemos importante destinar un espacio público para que todas las personas tengan acceso a la cultura”.

Elizabeth Schibert, integrante de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores Merlinos, compartió la importante labor de la cooperativa en la gestión de residuos sólidos urbanos y en la preservación del ambiente; dio cuenta del incumplimiento de la Municipalidad de la normativa de tratamiento vigente y del intento de desalojo de la misma. Todo esto fue detallado oportunamente en la Banca Ciudadana. No obstante, advierte que no hay un interés genuino por mejorar la gestión de residuos, algo que debe ser parte de una responsabilidad compartida en beneficio de la comunidad. Sostuvo que; “La Municipalidad no ha cumplido la ordenanza vigente que establece la implementación del plan de gestión de residuos, que incluye el acompañamiento a nuestra cooperativa. El pasado julio el intendente interino Leonardo Rodríguez solicito el desalojo para nuestra cooperativa, sin ofrecer una solución alternativa. No hay interés genuino de parte del Municipio de dialogar con nosotros”.

En representación de los vecinos de Piedra Blanca abajo, envió un comunicado Alejandra Sosa que advierte sobre la falta de planificación y gestión adecuada en el desarrollo local, y de un crecimiento que si no se gestiona correctamente puede afectar la vida diaria de las personas. Sostuvo que “Uno de los problemas más graves que enfrentamos en Merlo es el mal manejo de los residuos de poda y el funcionamiento del chipiadero. La acumulación de ramas secas, restos vegetales sin tratamiento y material inflamable ha provocado incendios en repetidas ocasiones que pusieron en riesgo la vida, la salud y las viviendas de l@s vecin@s.¿Cómo es posible que en una zona con altísimo riesgo de incendio no exista un protocolo serio, moderno y seguro de la biomasa? Mientras muchos hogares de Piedra Blanca Abajo sufren cortes constantes o baja presión vemos que han autorizado loteos y nuevos emprendimientos privados. ¿Quién controla que las excepciones no se vuelvan regla?”.

La Fundación Espacios Verdes destacó la importancia de la Educación Ambiental Integral para la planificación y defensa de nuestro territorio. La EAI es la base de una ciudadanía crítica y capaz de defender su futuro. Nuestra Villa de Merlo requiere de una programación de educación permanente que llegue a los funcionarios municipales y a las escuelas, con información clara y accesible; de la promoción de espacios reales de participación; de la vinculación con universidades y profesionales. Tenemos el derecho y la obligación de defender nuestro territorio.

Ana Laura Ferrarotti, Concejala de la Villa de Merlo, destacó el derecho de la comunidad a decidir sobre su territorio y la importancia de promover un turismo sustentable, a través de un modelo político que ponga en el centro a la comunidad y aliente el desarrollo del sector como generador de trabajo digno. Advirtió, “sin ambiente sano no hay futuro”. También expresó la preocupación en torno a la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares, y el riesgo que esto implica para la preservación de la biodiversidad y el acceso al agua.

Desde la Feria Franca, Andrea Merellano hizo referencia al surgimiento del espacio como consecuencia de la crisis de 2001, una situación similar a la que atravesamos en el día de hoy. También reiteró el pedido de sus integrantes de volver a trabajar en la plaza, y la importancia de la Feria como espacio de venta y promoción de productos agroecológicos y de la cultura. Sostuvo que: “En la feria no solo se venden productos agroecológicos, la gente viene a socializar y también tenemos un espacio para la cultura .Hemos hablado muchas veces con el ex Intendente Pinto, el Intendente interino Rodriguez, y estuvimos en el Concejo deliberante con firmas, solicitando la apertura de la plaza. No hemos tenido respuesta”.

Desde el Colegio de Ingenieros, delegación Villa de Merlo, Maestro Mayor Obra Gustavo Lattaruolo, se expresó que la Ordenanza resulta insuficiente y se encuentra desactualizada, no está integrada con una planificación y carece de un sistema de control y monitoreo, limita como se ha expresado la participación ciudadana. Es necesario por tanto reformularla. Sostuvo que: “La planificación territorial es la hoja de ruta del municipio, define que puede hacerse, donde y en qué condiciones. El Estudio Impacto Ambiental no es un trámite, es un freno técnico frente al error a la improvisación y a veces frente al negocio que avanza sin mirar consecuencias. En Merlo el estudio de Impacto Ambiental termina discutiendo temas que deberían estar resueltos en la planificación urbana.

Marcos Tomasoni, de Matria Permacultura, hizo referencia al desarrollo de experiencias de tratamiento de aguas bajo principios permaculturales; y a la aprobación de una Ordenanza que regula en la comuna de San Lorenzo de la Provincia de Córdoba el tratamiento de aguas residuales domiciliarias y ecosaneamiento. Expresa la necesidad de contar con la voluntad de los gobiernos locales y de promover el contagio de iniciativas como la presente. En la región, vienen trabajando junto a instituciones educativas en el monitoreo de su aplicación. Escenarios como el actual, dan cuenta de una disputa de sentido, de política y de paradigma, pero hay experiencias valiosas en la región.

María Belén Sender, docente autoconvocada de la Facultad de Turismo y Urbanismo e integrante de PITSA, un programa de gestión que promueve la integración y el fortalecimiento de las acciones de las unidades académicas y grupos de trabajo en la UNSL en el marco de la dimensión socioambiental; hizo referencia al pedido de una serie de concejales de la Villa de Merlo de un estudio en torno a la Ordenanza, que dio cuenta de su contradicción con las leyes que la preceden; y de la recomendación de su revisión, modificación y reglamentación sobre lo correcto. ¿ Cual es el problema de abrir la cancha y trabajar entre todos si no hay intereses más de que las cosas se hagan bien y que todos vivamos mejor en la Villa de Merlo?

Desde la asamblea socioambiental El Trapiche, Cecília Sustersic, puso en valor el trabajo de resistencia desde 2008 ante el avance de las multinacionales en la región; y el desarrollo de una conciencia a nivel de la comunidad de la importancia del cuidado del agua. Es necesario en su opinión no trabajar sobre la emergencia, sino sobre la base del tejido colectivo y la construcción de alternativas.

Érica Arribas, vecina de Ojo de Río, comentó los resultados de un estudio en torno a la aplicación del plan de ordenamiento territorial que protege los bosques nativos, y que dio cuenta por el contrario de la preocupante desprotección de estas zonas, con una pérdida aproximada del 70% del monte.

Desde asambleas ambientalistas de San Luis, compartieron un comunicado que manifiesta la preocupación en torno a la modificación de la Ley de Glaciares, y que advirtió, todas las luchas son una, principalmente la lucha por la reserva de agua dulce más importante del planeta.

Gonzalo Álvarez, de Humano, habló de la necesidad de promover un turismo virtuoso. Merlo debe dejar de ser un lugar que expulsa y transformarse en un lugar que incluye, y que fomente a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Se debe integrar a los negocios que circundan la plaza a ella, este espacio debe ser un lugar para la cultura. “Muchas veces nos vemos obligados a emigrar para poder trabajar, a Villa Las Rosas, San Javier, Nono y otros lados, dado que acá no se nos permite trabajar, Merlo es un lugar que expulsa”.

Mariana Paula Ripoll, docente de la FTU e integrante de la cooperativa de recuperadores, hizo referencia a la relación entre las políticas ambientales, el ordenamiento territorial y el turismo. Mayormente se priorizan los ordenamientos urbanísticos sin participación ciudadana. Es necesario promover procesos democráticos transparentes y ambientalmente responsables. Sostuvo: “Hoy el Municipio de la Villa de Merlo encarga un ordenamiento territorial a una consultora privada, sin pasar la decisión por el Concejo Deliberante, sin equipo multidisciplinario, sin participación ciudadana. El Municipio dice querer tratar la planificación territorial con participación ciudadana con carácter de urgente cuando la ciudadanía está en plena temporada o de vacaciones y las universidades cerradas, el Concejo debería hacer sesiones extraordinarias. Una verdadera incoherencia, más que nada una burla.

Carlos Molina de la Multisectorial del Noreste de San Luis, celebró el trabajo realizado para llegar a esta instancia y los antecedentes en torno a la defensa de la Cooperativa de Agua, y todo lo realizado desde este espacio en los últimos dos años. Destacó la presencia de organizaciones y personas inscriptas para el tratamiento con sólidos argumentos de esta instancia de pedido de revisión y nulidad de la Ordenanza.

Estas valiosas intervenciones, que trazaron líneas de planificación territorial muy valiosas y que serán recopiladas y presentadas al Concejo Deliberante y al Ejecutivo como un punto de partida para una discusión seria y participativa del ordenamiento territorial. Pero además, se juntaron más de 120 firmas para apoyar la presentación de una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, para declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza n° 917/2025 y que se declaren nulos todos los actos administrativos que se hayan basado en su aplicación.