Se aprobó el RIPEE en Diputados

Cámara de Diputados de San Luis. Foto: legislaturasconectadas.gov.ar.

Este miércoles 12 de agosto, la Cámara de Diputados de San Luis dio sanción por mayoría (27 a 11) al proyecto de ley que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE).

El proyecto había obtenido media sanción en el Senado provincial el pasado 28 de julio y con la aprobación de Diputados completó su tratamiento en la Legislatura.

El relato del oficialismo

El nuevo régimen establece un marco integral de promoción económica destinado a fomentar la inversión y la generación de empleo en todo el territorio provincial. Para ello, articula herramientas fiscales, laborales, financieras y de gestión de inmuebles fiscales orientadas a acompañar el desarrollo de proyectos productivos y de servicios.

La propuesta surgió a partir del trabajo desarrollado en las mesas sectoriales, espacios de articulación entre el Estado y los distintos sectores productivos en los que se identificaron necesidades y condiciones para promover y facilitar la inversión privada en San Luis.

Durante el tratamiento del proyecto, la miembro informante, la diputada Eugenia Gallardo, destacó que una nueva inversión “activa un círculo virtuoso que impulsa el consumo, promueve el desarrollo de proveedores locales y fundamentalmente crea oportunidades de trabajo”. En ese sentido, indicó que es necesario que el Estado impulse políticas activas como el RIPEE que faciliten, atraigan y promuevan la radicación, expansión y consolidación de inversiones privadas.

Las críticas del PJ.

Por su parte, el diputado peronista por el Departamento Junín, Walter Pollo, afirmó, en sus redes sociales que "Es un cheque en blanco sobre el patrimonio de los sanluiseños". La crítica apunta a la flexibilización de las reglas para disponer de bienes del Estado provincial. La legislación patrimonial vigente establece una protección concreta: los inmuebles de la Provincia no pueden ser transferidos sin expresa autorización legislativa.

La Constitución de San Luis también es clara: "Artículo 8: ningún Poder puede delegar en otro sus facultades constitucionales". PEsta posición se refuerza en el artículo siguiente: "Artículo 9: los actos vinculados con la enajenación o afectación de bienes del Estado Provincial deben tener plena publicidad y difusión."

Sin embargo, el RIPEE permite al Poder Ejecutivo disponer de inmuebles fiscales mediante concesión, locación, comodato o venta directa, incluso con precio bonificado y financiado.

A la luz de estos artículos, Pollo hizo notar las dificultades del texto de la Ley y abrió la puerta a la necesidad de una revisión constitucional de lo aprobado: "Antes: reglas patrimoniales, autorización legislativa y controles. Con esta ley: mayores facultades, más discrecionalidad y menos controles específicos sobre cada bien." De la misma manera, continuó diciendo: “Por eso sostengo que estamos frente a una ley mucho más laxa en materia patrimonial, que se superpone con el régimen existente y abre una puerta peligrosa para el patrimonio provincial. Estoy en contra de que para atraer inversiones tengamos que poner los bienes de todos los sanluiseños a disposición discrecional del Poder Ejecutivo. (...)Los campos, terrenos, edificios e inmuebles del Estado no son del gobernador de turno. Son patrimonio de todos”.

Las organizaciones socio ambientales.

El 24 de junio en Terrazas del Portezuelo, organizaciones sociales, ambientales, sindicales, cooperativistas, a través de una conferencia de prensa expresaron su preocupación respecto al RIPEE, ya que no incorporaba beneficios claros hacia pequeños y medianos productores, sino más bien era un régimen que busca favorecer a privados con grandes capitales.

También alertaron acerca de algunas actividades, como la minería, que quedaría incluida dentro de los sectores beneficiados.

Las organizaciones denunciaron que este régimen viene de la mano del RIGI, (Régimen de Incentivo a las Grandes inversiones), impulsado por el gobierno nacional y aprobado en San Luis en octubre de 2024, a pesar del rechazo de amplios sectores de la comunidad.

Así, no sólo preocupa el contenido del RIPEE sino el proceso de aprobación, que parte de una desinformación hacia la mayoría de la comunidad, beneficios poco claros para cooperativas, pymes, pequeños productores, fomento a sectores del extractivismo y falta de licencia social