Un nuevo ciclo de persecución política

El lawfare, es decir, la utilización del poder judicial para materializar la persecución política, ingresa, a partir de la condena a Cristina Kirchner, en una nueva etapa. Hasta ahora, las causas judiciales se cernían sobre las cabezas de aquellos apuntados por la maquinaria de persecución judicial como una nube negra que los acompañaba a todas partes. De esta manera, las causas tenían la finalidad kafkiana de someter al perseguido o perseguida, a un estado de sospecha permanente, del que nunca podían desembarazarse porque las causas nunca llegaban a la instancia de juicio. Nunca llegaba el brillante día de justicia en el que finalmente los encausados tuvieran la oportunidad de que se declare su inocencia. Y si ese día llegaba, si finalmente se determinaba el sobreseimiento o la falta de mérito, una nueva causa ocupaba su lugar y los trabajos de Sísifo volvían a comenzar. Esta operación se combinaba con el accionar de los medios concentrados de comunicación que adelantando fallos y pareceres, se aseguraban de que nadie tuviera duda de la culpabilidad de los que aún no habían sido juzgados. El principio de inocencia quedaba totalmente desvirtuado y en este esquema, el proceso incluía la condena. La condena estaba en el proceso porque las causas estaban tan mal instruidas, las pruebas eran tan endebles, que nadie desconfiaba que cuando los juicios se materializaran no habría más opción para un juez o tribunal que determinar el sobreseimiento. De hecho, en muchas oportunidades, causas mediáticas con una cobertura enorme, que ocuparon las tapas de los diarios durante semanas enteras, son arrastradas a las páginas interiores a la hora de tener que informar los sobreseimientos.

Sin embargo, en esta oportunidad, se produjo lo impensado; lo que siempre creímos que no iba a suceder. Finalmente, nada menos que la Corte Suprema de Justicia, se animó a dar un paso más adelante y puso la firma a un fallo que tira por la borda la poca legitimidad y prestigio que les quedaba. En una decisión insostenible, que se cuida de no tocar las cuestiones de fondo porque sabe que abrir ese expediente implica tener que argumentar el absurdo, condenaron a la presidenta del principal partido de la oposición nada menos que a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.

Al hacerlo, convalidó un proceso judicial que, a lo largo de sus distintas instancias, privó a la acusada de las más elementales garantías procesales. Se violó la garantía de non bis in idem (no juzgar dos veces el mismo hecho), la garantía del juez natural, el principio de imparcialidad, la presunción de inocencia, nunca se pudo comprobar la autoría material de la acusada, y lo que resulta más absurdo, nunca determinó con precisión a cuánto ascendió el perjuicio para el erario público. Todo esto con la mera presunción de que tenía “obligación de saber” lo que pasaba en alguna oscura dependencia administrativa de algún ministerio. Es tan absurdo el fallo en esta materia que se condenó a la Presidenta de la Nación, pero no a ningún Ministro con competencia específica sobre la obra pública o a algún Jefe de Gabinete, responsable, de acuerdo con la Constitución, de la administración del Estado Nacional. La Corte Suprema de Justicia, que ante cada pedido de recusación o de protesta de la defensa de CFK, había postergado la decisión sosteniendo que se expediría sobre la materia cuando le tocara actuar en la causa, confirmó la condena sin mencionar ninguna de las cuestiones planteadas y sin que la gravedad institucional del hecho le ameritara una revisión de fondo de la causa.

En el derecho penal, se suele señalar que existen dos tipos de errores en los que puede recaer un juzgado. En el primer tipo de error, un culpable puede quedar libre por no poder probarse su autoría de los hechos imputados. Es un acto de injusticia que indudablemente priva a las víctimas, y a toda la sociedad, de un sentido mínimo de reparación. Pero hay otro tipo de error, que de manera general es considerada más grave: condenar a alguien que es inocente. No sólo porque se comete una terrible injusticia con alguien que no ha cometido un crimen, sino porque también se niega a las víctimas de una reparación. Por tal motivo, el Estado de Derecho ha establecido mecanismos para intentar llevar la incidencia de ese tipo de errores. Es por esto que existe la presunción de inocencia, el principio de in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), y en los casos en que aplique, la idea de juez natural y de ley más benéfica. Cuando se violan estos principios, cuando no se respetan las más mínimas garantías constitucionales, dejamos de vivir en un Estado de Derecho, la República sale por la ventana y descendemos de un escalón a la vez en la arbitrariedad y el autoritarismo.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir una nueva etapa en el lawfare, en la persecución política, coincide con un momento en que desde la cúspide del poder, se ejerce esa persecución de una manera cada vez más brutal, abriendo la puerta hacia la violencia política. Cristina había sido el blanco propiciatorio aquella noche del 1 de septiembre de 2022, en el que intentaron asesinarla en la puerta de su casa. En eso también había sido la primera. Hoy, de la mano del Presidente que descalifica a cualquiera que desacuerde con él (“no los odiamos lo suficiente”) se abre una nueva etapa de persecución política en el país. Una parte importante de los argentinos y argentinas se verán impedidos de elegir democráticamente, a través del voto, a quien quieren votar. La Argentina ya ha transitado este camino. Sabemos por dónde lleva el camino de la proscripción. En esta semana se conmemoran los 70 años del bombardeo de la Plaza de Mayo, y el inicio de las páginas más oscuras de nuestra historia. Los grupos dominantes han considerado que la solución para superar el peronismo era la proscripción y el resultado de esa política fue nefasto: violencia política y el descenso a los infiernos.

Esta nueva etapa de la persecución, debería ser vista con preocupación por todos los dirigentes del espectro político y por todos los ciudadanos, con independencia de la opinión que se tenga del peronismo en general y de Cristina Kirchner en particular. El fallo de esta semana pone a todo el sistema democrático en duda y a tiro de la firma de la Corte Suprema, a cualquier proceso político que de alguna manera represente una opción a este modelo económico de expolio de nuestras riquezas.

Estos horrores ya están comenzando. Cuando nos preguntemos de qué manera este fallo nos afecta en la vida diaria, observemos que el ejemplo del Presidente de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, se irradia a todos los niveles de gobierno, envenenando en todo el país la convivencia democrática. Como muestra consideremos la actitud del Ministro de Turismo de nuestra provincia que hostiga a un ciudadano de a pie, simplemente por señalarle que las más básicas normas ambientales le impiden llevar adelante su modelo inmobiliario. El problema es de todos, no podemos dar lugar a la persecución política. Digamos basta.